Jorge Sola, flamante cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtió que el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral sin consultar a trabajadores ni empleadores y reclamó que el debate se oriente primero hacia una reforma tributaria, a la que considera condición indispensable para reactivar el empleo y la inversión.
La flexibilización laboral que impulsa la administración libertaria y demandan los empresarios se perfila como uno de los debates más sensibles de la agenda política y parlamentaria. En este contexto, Sola aseguró que la central obrera no fue convocada hasta el momento y planteó que cualquier discusión sobre cambios en las leyes laborales debe estar precedida por una revisión profunda del sistema impositivo.
El dirigente destacó que la clave para promover inversión productiva y empleo está en aliviar la carga fiscal sobre las PyMEs, que afrontan impuestos nacionales, provinciales y municipales que pueden representar entre el 30 y el 40% de sus ventas. “El costo de los trabajadores es el costo salarial, básicamente es eso nada más. El Gobierno nacional está invirtiendo el orden de prioridades. La resolución no es la reforma laboral, es primero la reforma tributaria”, afirmó Sola en una entrevista con radio Rivadavia, consignada por el sitio Infobae.
El titular de la CGT señaló que solo existen “trascendidos” sobre el contenido del proyecto del oficialismo libertario, sin un texto formal ni una convocatoria a una mesa de discusión con los sectores involucrados. En ese marco, afirmó que la CGT se mantiene en estado de alerta ante la posibilidad de que la iniciativa avance sin la participación de quienes “tendrían las consecuencias de una ley, negativas o positivas”.
El titular de UTA nacional, de visita en Tucumán: “El transporte está perdiendo”Cuestionó además la idea de aplicar una reforma uniforme para todas las actividades. Explicó que cada sector requiere soluciones específicas, ya que las condiciones laborales en servicios, bancos y seguros difieren de las de la minería o la energía. “Si queremos atravesar la actividad de servicios con la misma mirada que la minería, nos estamos equivocando”, advirtió, y puso como ejemplo las siete horas de jornada en servicios frente a los turnos de 15 días en minería.
Respecto de los convenios colectivos, sostuvo que ya incorporaron cambios relevantes, como el trabajo a distancia y el uso de inteligencia artificial en seguros, y que la modernización se viene dando de manera sectorial. También remarcó que el Estado debe participar de la discusión “de manera inteligente y eficaz, pero sin caer en la burocracia”.
Con relación a los plazos legislativos, indicó que, según trascendidos, el gobierno de Milei podría presentar el proyecto en febrero, durante las sesiones extraordinarias, aunque advirtió que la discusión no debe quedar limitada al ámbito político, ya que las comisiones legislativas suelen dar solo una participación formal a los sectores involucrados.
El secretario general del Sindicato del Seguro también señaló que la negociación sectorial ha permitido modernizar convenios en áreas como transporte y puertos, acompañando cambios tecnológicos y productivos. Rechazó la idea de que la legislación laboral esté desactualizada y recordó modificaciones impulsadas por la transformación del mercado, como la desaparición del dinero físico en el sector financiero.
Sobre la creación de empleo, reconoció que la situación es crítica: la Argentina acumula 15 años de estancamiento en el empleo privado y perdió 250.000 puestos en los últimos dos años, equivalentes al cierre de 18.000 PyMEs.
Sola también abordó el temor a los juicios laborales y afirmó que, si el empleador cumple la ley, no debería existir conflicto, aunque admitió que los procesos pueden extenderse entre cinco y seis años, con impacto sobre empresas y trabajadores, especialmente para las PyMEs.
Consultado sobre la eliminación de aportes sindicales obligatorios, sostuvo que existen declaraciones oficiales que apuntan a debilitar la representación gremial y advirtió que cualquier iniciativa en ese sentido sería inconstitucional, ya que el Pacto de San José de Costa Rica protege la actividad gremial. Recordó además que la afiliación sindical es un derecho constitucional y que la cuota solo es obligatoria para los afiliados.
Finalmente, aseguró que la CGT llega “fortalecida en la unidad” para encarar el debate con el gobierno libertario.